El Estado banquero

El 20% de los activos del sector financiero español se encuentra en la actualidad concentrado en cuatro instituciones controladas por el Estado. Pocas veces el Estado español habrá tenido un grado de presencia en la actividad bancaria tan extenso como el que ahora mismo reúnen las cuatro entidades en las que cuenta con capacidad de decisión más o menos inmediata, Bankia, CatalunyaCaixa, NovaGalicia y Banco de Valencia. Una presencia que, desde luego, no ha sido buscada sino que obedece al desenlace de varias crisis bancarias a resultas de las cuales los poderes públicos se han encontrado al timón de varias entidades que deambulaban a la deriva y que no podían dejar de ser atendidas habida cuenta de la responsabilidad que todo Estado moderno tiene que asumir en la tarea de ofrecer seguridad a los ciudadanos y empresas que tienen su efectivo en los bancos.

Se ha hablado en algunos momentos de reunir estas cuatro piezas bajo una sola batuta, propósito que cuenta, naturalmente, con la férrea oposición de los poderes locales que en algunos casos han sido los causantes de la crisis que llevó a esas entidades al estado de insolvencia en el que se encuentran. La crisis bancaria española, que es en realidad una crisis del modelo de cajas de ahorros que se desarrolló a lo largo de las dos últimas décadas durante las cuales se exacerbó el control de esa parte del sector financiero por las Comunidades Autónomas, necesita menos presencia pública, pero ahora toca resolver en problema y arbitrar la mejor solución posible para que esas entidades, o la suma de ellas bajo la forma de un banco único, vuelvan al mercado lo antes posible en condiciones competitivas.

Si se articula una fusión entre los cuatro proyectos empresariales es altamente probable que la crisis bancaria española, que prácticamente se resume en estas cuatro entidades (a su vez resultado de tres fusiones de amplio espectro), resultara más manejable, sobre todo a los efectos de canalizar el macro crédito que tanto esfuerzo está costando obtener de nuestros socios comunitarios y que posiblemente no alcance los 100.000 millones de euros que se admitieron hace unas semanas como cuantía necesaria para superar los problemas básicos del sector. Una de las prevenciones que más está influyendo en nuestros socios europeos es la de distribuir, casi a ciegas, una cantidad muy importante de dinero entre varias entidades poco conocidas y aparentemente poco controladas, de ahí la insistencia en que el dinero del famoso crédito llegue al Estado español y sea este el que se responsabilice de su devolución.

La gestión unificada de estas cuatro entidades posiblemente aportaría grandes ventajas desde el punto de vista de la gestión, ya que en las cuatro los problemas son bastante parecidos: elevado volumen de impagados, centrados en buena medida en el sector inmobiliario e hipotecario, exceso de costes debido a un crecimiento desmesurado de sus redes operativas, déficit de gestión en algunas área clave como el control de riesgos e injerencia inapropiada de los poderes públicos regionales en la toma de decisiones.

Si estos son en esencia los problemas de las entidades mencionadas, no se ve claro por qué el Gobierno, con la fuerza que le da su posición parlamentaria y la escasa oposición que encontraría posiblemente en el partido de la oposición, no se decide a adoptar una decisión en bloque, facilitando de esta forma la inyección de la ayuda europea. La gestión de un proyecto que reúna a las cuatro entidades en una sola tendría que partir en teoría de la creación de una cabeza en torno a Bankia, aunque sólo sea por cuestión de tamaño y porque ya hay identificado un equipo directivo susceptible de ser ampliado con la incorporación de los profesionales procedentes de los otros dos grandes grupos (el catalán y el gallego) y por la complementariedad, cuando menos geográfica, de los cuatro grupos bancarios.