
Una de las propuestas que acaba de aprobar la Unión Europea para salir del estado de asfixia en el que encuentra el euro desde hace unos meses es la de reforzar el papel del Banco Central Europeo (BCE), endosándole nuevas capacidades en su labor de banco central con competencias efectivas sobre el conjunto del área. La situación española no es ajena a este cambio, aunque sea por una cuestión no deseable: la crisis bancaria española necesita de recursos financieros europeos para afrontar la recuperación de la solvencia del sector y esa ruta requiere una estricta vigilancia por parte de un ente superior, como es el Banco Central Europeo, al que se le va a dotar de competencias de supervisión a escala europea.
O sea, el BCE va a suplantar una de las competencias que se habían reservado los bancos centrales de la Eurozona tras su creación hace una década. Los países de la UE no mostraron especiales reservas a la hora de crear este banco central y darle plenos poderes para ejecutar la política monetaria y las funciones propias de un banco de bancos, con poderes para establecer los tipos de interés, fijar las disponibilidades de dinero que circulan por el sistema y, en definitiva, asumir la responsabilidad de mantener la estabilidad macroeconómica, respetando un objetivo de inflación común para todo el área.
No es fácil asumir y sobre todo cumplir este papel, en especial porque el BCE no cuenta con medios adecuados para resolver problemas básicos de la UE, como es la enorme diferencia – abismal – entre los países de centro y norte de Europa y los países del sur, en lo tocante a cultura anti inflacionista y a la hora de establecer políticas comunes que traten de remediar diferencias en las tasa de paro tan abismales como las que separan a España (24% de paro sobre población activa y subiendo) de Alemania (6,6% y bajando). Instrumentar políticas comunes para un área económica en la que subsisten tasas de inflación tan dispares es sencillamente imposible, sobre todo si ninguna autoridad supranacional de ocupa de corregir las decisiones que están detrás de esos descarrilamientos tan fenomenales.
Ahora, los jefes de la UE acaban de dar un paso adelante en lo que atañe a las funciones del BCE y le van a asignar la potestad de la supervisión bancaria, des decir, la de vigilar a los bancos europeos para ver que sus políticas internas se ajustan a principios de administración correcta. Es un asunto que recortará las funciones del Banco de España y las de los demás bancos centrales. Pero se adopta en unos momentos en los que el Banco de España atraviesa sus horas más bajas, cuando su sistema de supervisión, tenido hasta hace poco como uno de los mejores del mundo, ha mostrado que hace aguas por numerosos rincones. La crisis de Bankia ha sido todo un ejemplo, ya que se trata de una de las mayores entidades bancarias españolas. No hay que olvidar que los cuatro bancos que ahora mismo integran el “hospital” bancario público (Bankia, Valencia, CatalunyaCaixa y NovaCaixa Galicia) superan los 450.000 millones de euros en activos, es decir, son el mayor banco del país.
La unificación de la supervisión bancaria, tomando a España como punto de partida (la llegada de dinero directamente a los bancos españoles en crisis ha sido condicionada a la actuación del BCE con estas nuevas potestades de autoridad supervisora) puede resultar un paso interesante para desbloquear el déficit de financiación que padece en la actualidad Europa, reflejado en la desconfianza entre las entidades bancarias a la hora de prestarse dinero y, por lo tanto, en las enormes dificultades que tienen las empresas y también los Estados para financiarse. Convertir al BCE en el centro efectivo del sistema financiero, con capacidades de supervisión importantes, puede resultar interesante para lograr una Europa más unida y más sólida.
Pero sería interesante que este ambicioso paso se diera con las mayores garantías de éxito, ya que la magnitud del empeño parece excesiva. Se supone que las potestades de supervisión empezarán, o quizás se agoten, por las entidades de carácter sistémico, es decir, con los bancos que tienen importancia a nivel europeo en función de su volumen. En el caso español, esto supondría una primera dificultad ya que la totalidad de los problemas financieros y de solvencia detectados en nuestro sistema han tenido su origen en entidades que estaban supervisadas y controladas a nivel local (las cajas y su peculiar relación de dependencia con las autoridades autonómicas). El ambicioso proyecto de supervisión bancaria europea tiene, por lo tanto, bastantes escollos que superar, algunos de ellos políticos.



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