Los bancos no desaparecen, se transforman

La polémica desatada en torno al cierre de bancos en España no deja de resultar sorprendente cuando en los tres últimos años el número de cajas de ahorros ha pasado de 45 a una docena. No se puede dejar de reconocer que en cuestión de cierres de bancos no viables, España se lleva la palma. Claro que se trata de fusiones, pero las palabras encierran eufemismos que no pueden ocultar la realidad. Ni la mayor parte de las fusiones se ha realizado de buena gana por parte de los intervinientes ni buena parte de las cajas absorbidas por otras (en algún caso, incluso por bancos) podrían haber sobrevivido al temporal financiero de estos últimos años. El papel tutelar de las instancias públicas ha evitado cualquier derrumbamiento y cuesta creer que un Gobierno vaya a permitir que una institución financiera eche el cierre por las bravas, ya que las entidades financieras son depositarias de la confianza del público y de la liquidez de familias y empresas.

Es dudoso que el sistema financiero español hubiera ganado algo con una crisis en la que los menos capacitados y eficientes del sector hubieran quebrado. Pero de la misma forma esta crisis ha provocado ya, y aún le queda una parte del trabajo por hacer, la desaparición de una buena parte de las entidades peor gestionadas, lo que se ha acompañado por una limpieza considerable de malos gestores y por el recorte y cierre definitivo de una parte de la red de oficinas, cuyo crecimiento desmesurado en los últimos años, en plena eclosión de Internet y de la banca a distancia, fue un auténtico despropósito, que le ha costado al sector financiero una suma ingente de dinero. La crisis bancaria española, que ha sido una crisis en realidad de las cajas de ahorros y de su sistema feudal de representación autonómica, se está resolviendo mejor o peor mediante la desaparición de dos de cada tres cajas de ahorros de las existentes hace cinco años, a un coste que con seguridad es bastante menor que el que se hubiera producido si hubieran quebrado una treintena de cajas.

Pero el proceso de limpieza del sector aún está lejos de finalizar, ya que quedan cuatro entidades cuyo futuro es aún a fecha de hoy toda una incógnita. Las autoridades de Bruselas consideran que alguna de las cuatro cajas o bancos que quedan en manos del Estado podría cerrar sus puertas sin gran demérito para el sector y, en algunos casos, con consecuencias provechosas para el conjunto de la economía. CatalunyaCaixa, NovaGalicia y Banco de Valencia (este último, filial de Bancaja), junto con Bankia, son los cuatro protagonistas de la crisis bancaria que tienen pendiente el logro de un estatuto definitivo, aunque en el caso de Bankia el horizonte parece bastante más claro a reserva de que se clarifiquen sus necesidades reales de capital y la forma en la que este va a ser aportado por el único que de momento parece dispuesto a ello, el sector público.

Partiendo de la base de que ninguna entidad financiera va a ser dejada al albur, queda por resolver ciertamente el futuro de las tres entidades ya mencionadas, que ahora están en manos del Estado debido al control de su capital. Las tres han recibido importantes inyecciones de capital sin las cuales no existirían. ¿Qué piensa hacer el Gobierno con estas tres instituciones? Una ya está en subasta (Banco de Valencia), otra quiere estarlo en breve y está haciendo esfuerzos por captar inversores (CatalunyaCaixa) y una tercera se resiste argumentando que puede salir adelante por sí sola, con el apoyo de unos inversores internacionales que siguen sin aparecer.

El comisario europeo de la Competencia, el español Joaquín Almunia, que estos días ha realizado unas declaraciones que han levantado mucha polvareda al señalar que se deberían dejar caer algunas entidades que no son viables por sí mismas, visitará hoy viernes España para hablar con Rajoy. Será una conversación posiblemente tensa y no sólo por la pertenencia de ambos a diferentes partidos políticos ni por la inoportunidad de las declaraciones recientes de Almunia, agriamente contestadas desde el Gobierno español. De lo que se trata es de ver cómo se puede cortar cuanto antes la existencia de un estado de cosas en el que varias entidades financieras sobreviven gracias al flujo del dinero público, que de momento es imprescindible para su supervivencia. Bruselas no va a tolerar que esta situación se prolongue, de modo que una solución al respecto está, o debería estar, a la vuelta de la esquina.